Pese a que el combate a la corrupción es una de las banderas del discurso de Andrés Manuel López Obrador, en la realidad existe una gran brecha entre su decir y actuar.
Su gobierno federal ha estado envuelto en el velo de las dudas en el manejo discrecional y electorero de los millonarios recursos que destina a sus programas sociales “estrellas”.
En esta colaboración me quiero referir específicamente a tres, los cuales me he dedicado a revisar meticulosamente: Sembrando Vida, Fertilizantes y Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos se enmarcan en la política pública para fomentar la igualdad de género, que en conjunto recibió un aumento del 75 por ciento en sus recursos para el 2022.
Se trata de tres programas que tienen supuestamente como “objetivo” cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; y a los que el grupo oficialista en la Cámara de Diputados les aprobó una suma conjunta de 21 mil 982 millones 988 mil 788 pesos para ejercer en la siguiente anualidad.
El incremento para esos tres programas, que se ubican en el Anexo 13 del Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF), se dio aunque no tienen claridad en sus reglas de operación y, por lo mismo, tienen sospecha de corrupción.
Ante esa situación, se manifiesta la necesidad urgente de que se investigue la aplicación de los recursos públicos y en la Cámara de Diputados nos toca la tarea también de fiscalizar y llamar a comparecer a las y los funcionarios responsables de aplicar las políticas públicas del Gobierno Federal, para que se informe sobre su actuar.
La carencia de reglas claras de operación se presta a un uso discrecional de los programas. Como ejemplo quiero recordar la denuncia que los propios beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro hicieron, respecto a que debían darle la mitad del apoyo económico que recibían a las empresas que los contrataban. Con todo y las irregularidades registradas, el siguiente año recibirá 10 mil 719 millones.
Sembrando Vida dio apoyos a propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas de tierra en 11 entidades, pero sólo el 30.7 fueron mujeres. Incluso detectamos que se benefició a seis menores de edad y se dieron recursos a personas de las que no se pudo localizar su CURP.
Sobre “Fertilizantes”, que son apoyos a productores agrícolas de pequeña escala, no tenemos información de si se dan por una sola vez o por varios años, ni cómo se beneficia a las personas de este programa.
Esas situaciones se dan ante la falta de supervisión y fiscalización, pero también por las complicidades que muchas veces se generan entre quienes manejan los programas y quienes los reciben, desviando los objetivos para los que fueron creados, pervirtiendo a las y los participantes en perjuicio de los sectores más vulnerables.
Por eso mismo y en aras de la transparencia, en días pasados hice un llamado al Gobierno Federal para que nos informe cuál fue el destino final de los 68 mil millones de pesos que se obtuvieron por la extinción, el año pasado, de 109 fideicomisos, porque hasta ahora no sabemos dónde quedaron o a quién se le entregaron.
Hoy no podemos permitir que la duda e impunidad se den y menos en un gobierno que prometió combatir la corrupción, no engañar, no mentir y no robar al pueblo.
Por eso, mi compromiso como Secretaria de la Comisión Legislativa de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados es revisar la aplicación de cada peso que las y los mexicanos aportamos a través de nuestros impuestos.
Por ahora, estoy preparando varios exhortos para pedir que las dependencias de gobierno expliquen cómo están manejando los recursos públicos.
Noemí Luna
Diputada Federal
