En las políticas recaudatorias deben tomarse en cuenta aspectos importantes, como lo son las circunstancias político, sociales y económicas por los que atraviesa el país justo en el momento en que se aplican, a fin de que sean sensibles y no afecten a la población.
Lamentablemente, ahora México vive una difícil situación económica y social, recrudecida por una larga pandemia de Covid-19, que se ha prolongado por más de año y medio en detrimento de los integrantes del sector productivo nacional.
Esta reflexión la hago en un momento determinante para nuestra nación, porque justo ahora en la Cámara de Diputados las y los representantes populares analizamos la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal 2022.
Quiero examinar con ustedes tres temas que en lo personal me preocupan y estoy en desacuerdo con la propuesta presidencial recibida en la Cámara de Diputados:
La primera es la propuesta de reforma del Artículo 151 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que en esencia busca limitar las deducciones por aportaciones voluntarias al Fondo de Ahorro y donaciones deducibles.
En la primera se desestimularían el ahorro para el retiro y en la segunda se perjudicaría a más de 5 mil Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG´s) que son donatarias para emitir recibos deducibles del ISR.
A lo largo de mi vida he constatado los esfuerzos titánicos que las ONG´s realizan en líneas como asistencia, educación, cultura y medio ambiente, por referir algunas. A acciones siempre en favor de nuestra sociedad, buscando mejorar nuestra existencia, atender problemáticas y abrirnos oportunidades.
Estoy del lado de las ONG´s, porque creo en la efectividad del trabajo de cooperación entre ellas y el Estado y porque sé el gran apoyo que representan para la sociedad. No puedo avalar la propuesta para quitar incentivos a quienes ayudan con donativos deducibles.
Tampoco estoy de acuerdo con la medida de legalizar los autos de procedencia extranjera, popularmente llamados “chocolate”, pagando una mínima cuota de 2 mil 500 pesos para subsanar su irregular ingreso a la nación incumpliendo todos los procedimientos aduaneros.
El gobierno no pude legalizar lo ilegal.
En ese proceso cometería cuatro agravios. Uno, contra de la industria automotriz en México, que genera empleos y paga impuestos. Otro, a la seguridad, porque muchos delitos se cometen a bordo de esas unidades. El tercero, contra el medio ambiente, porque son chatarras y contaminantes. Y, cuarto, al erario público, al no pagar impuestos.
Abundo en apoyo de la industria automotriz.
La pandemia de Coronavirus disminuyó sus ventas, se vio obligada a descansar personal manteniendo sus salarios, no recibió incentivos gubernamentales pese a generar el 20 % del empleo manufacturero y fue afectada por la falta de componentes electrónicos que la hizo parar actividades.
El daño a Zacatecas será grave también, porque se calcula la existencia de más de 50 mil unidades “chocolates”, es un estado con baja recaudación de impuestos y con un alto índice de violencia.
Mi tercera preocupación es la intentona del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de establecer la obligatoriedad para que los jóvenes mayores de 18 años deban tener Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Desde mi punto de vista es una medida recaudatoria desesperada en busca de incrementar en el 2022 la base tributaria a más de 83 millones de contribuyentes, lo que significaría un aumento del 171 % con respecto al presente año.
¿Pero a qué costo? Al costo de que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) vigile la naturaleza del dinero, ingresos y facturas de las transacciones que realizan nuestros jóvenes mayores de edad, muchos de ellos en sus primeros empleos o actividades económicas, lo que podría inhibir su emprendimiento, creatividad y productividad.
Hoy realizar trámites necesarios y sencillos como obtener el título y cédula profesional requieren necesariamente la firma electrónica, sólo para mantener cautivos a contribuyentes jóvenes.
Por lo anterior, tampoco respaldaré la adición al apartado A del Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que propone la Miscelánea Fiscal, para obligar a las personas mayores de edad a inscribirse en el RFC ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Noemí Luna
Diputada Federal
